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viernes, 2 de octubre de 2020

 Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

La comunicadora y aspirante a ser miembro de la Junta Central Electoral (JCE), Anibelca Rosario, indicó que el creer que las actas de nacimiento se vencen es una “fabula” que se ha esparcido en todo el país y que el órgano electoral no ha sabido comunicar la falsedad de esa creencia.


Al ser entrevistada por la comisión especial del Senado de la República, que tiene en sus manos elegir los nuevos titulares y suplentes del órgano electoral, aseguró que aquellas instituciones públicas y bancos comerciales que solicitan el documento lo hacen porque la JCE no ha tomado las decisiones que le permitan a esas entidades saber que las actas no caducan cada tres meses.


“El acta de nacimiento no se vence y si usted la lee sabe que no se vence, ahora que ha pasado, la Junta Central Electoral no ha sabido comunicar eso, y la Junta Central Electoral no ha tomado las decisiones que ha debido tomar para garantizar que las otras identidades públicas privadas no le den una información errónea al ciudadano”, dijo la también directora de contenidos de la JCE.


Al ser cuestionada sobre su actuación en las suspendidas elecciones municipales del pasado mes de febrero, aseguró que hubiera hecho lo mismo que los actuales miembros del órgano electoral, aunque indicó que hubo situaciones que le permitían al pleno saber que las cosas no estaban bien.


“Hubo situaciones que le permitían, sobre todo al pleno, saber que las cosas no estaban también, saber que hacía falta un control de calidad, saber que hacía falta verificar por ejemplo el clonado en las terminales, pero como no se inicio ese proceso de vigilancia”, aseguró Anibelca Rosario.


Anibelca Rosario dijo que de ser escogida como parte del nuevo pleno de la JCE, gestionará de mejor manera el Registro Civil, para que las actas que se entregan se adquieran de manera más eficiente.


Asimismo, aseguró que aplicaría la ley para que los niños tengan sus cédulas de identidad desde los 12 años, además de garantizar que los privados de libertad preventiva puedan ejercer el derecho al voto.


De igual forma, promovería acuerdos para optimizar los recursos informáticos que pierden valor.


 


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