Etiquetas

jueves, 24 de septiembre de 2020

Jueces que han estado bajo la lupa

 Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

Golpear el mallete pa­ra imponer una medida de coerción, dictar apertura a juicio, imponer una condena, o simplemente anular certi­ficados de títulos de pro­piedad, ha dado notorie­dad a muchos jueces.


La trascendencia de los casos, ya sea por su comple­jidad, o por tratarse de crí­menes horrendos que han consternado a la población, es lo que más realce ha im­pregnado a quienes tienen la responsabilidad de admi­nistrar justicia, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzga­do” como dispone la Consti­tución. Los magistrados que ejercen en materia penal son los que más trascienden, por ser los casos que más intere­san a la opinión pública.


En las últimas décadas, sobre los hombros de de­cenas de jueces ha recaído la responsabilidad de deci­dir casos relevantes que han mantenido en vilo a los do­minicanos, desde el hecho hasta la condena.


La asignación de expedien­tes sobre sucesos que han conmocionado el país, permi­te develar el rostro y los nom­bres de los magistrados, cu­yos fallos en ocasiones son aplaudidos, cuando llenan las expectativas, pero a veces reciben repudio cuando se considera que no decidieron conforme a la magnitud del hecho.


Mientras duran los proce­sos judiciales, los magistra­dos han estado bajo la lupa de la ciudadanía desde la fase de instrucción, cuya decisión compete a tribunales uniper­sonales, ya que en la etapa de fondo y de apelación corres­ponde a una jurisdicción cole­giada.


Su rol y formación


Para ingresar al Poder Judicial se requiere aprobar un con­curso y luego durar dos años en un programa de formación continua en la Escuela Nacio­nal de la Judicatura (ENJ).


Del 2002 al 2019 se han formado 476 jueces en 19 promociones, los cuales han sido asignados de inmediato a juzgados de paz. Las mujeres son las que más se han intere­sado por pertenecer a la judi­catura, pues 326 han egresa­do de la ENJ (68%). Llegar al último eslabón, que lo consti­tuye la Suprema Corte de Jus­ticia (SCJ), suele ser la me­ta de los que se montan en el tren judicial, aunque para ocupar un puesto allí no sola­mente es necesario hacer ca­rrera, porque hay una cuota que se reserva a los abogados de ejercicio.


Protagonistas

Caso Emely Peguero


El miércoles 16 de septiem­bre del 2020, el nombre de la jueza Carmina Caminero, de la Cámara Penal de San Fran­cisco, sonó con más frecuen­cia. Fue la magistrada que dispuso la libertad de Marlin Martínez, implicada en el ase­sinato en el 2017 de la adoles­cente Emely Peguero, un he­cho que conmocionó al país.


La jueza acogió un recur­so de habeas corpus que im­puso Marlin, por haber cum­plido más de la pena de dos años que le impuso la Corte de Apelación de la provincia Duarte. Se trata de una jueza con 11 años de ejercicio, egre­sada en el 2009 del programa de formación de la ENJ.


No fue la única jueza que intervino en ese proceso. El Segundo Tribunal Colegiado de San francisco de Macorís, presidido por la jueza María de los Angeles Concepción, fue que le impuso cinco años de prisión a Marlin, pena que luego fue reducida a dos en la Corte de Apelación, y 30 años a su hijo Marlon Martínez. Es­ta magistrada también entró en el 2009 a la judicatura.


Pero a quien correspondió dictar apertura a juicio e im­poner la medida de coerción fue a la jueza del Primer Juz­gado de la Instrucción, Isolina Contreras Peralta, quien for­ma parte del poder judicial desde el 2005.


Caso de la Red de Figueroa Agosto


Hay que recordar el rol que jugó en el 2010 la magistra­da Clarivel Nivar cuando ins­truyó el proceso seguido a los integrantes de la red de narco­tráfico que presidía el puerto­riqueño José David Figueroa Agosto, la cual fue desmante­lada a partir de un operativo realizado en el sector La Espe­rilla del Distrito Nacional, en el que fueron incautados 4.6 millones de dólares en una yi­peta.


La jueza Nivar emitió el au­to que envió a juicio de fon­do a ocho implicados, en no­viembre de 2010.


Pero luego de manejar ese expediente, se vio afectada por varios hechos violentos que ocurrieron alrededor de ella y de su familia, que pro­vocaron incluso que cambiara de residencia y se le asignara seguridad para su protección, como el asalto a su vivienda y el asesinato de un hermano.


En una entrevista, comen­tó que conocer el caso Figue­roa Agosto representó un re­to para ella. Nivar se graduó como jueza en el 2005 y co­menzó a trabajar ese año en el Tribunal Especial de Tránsito de San Cristóbal. Correspon­dió a jueces del Primer Tri­bunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la jue­za Giselle Méndez, imponer la condena en este caso, que consistió en 15, 12 y 5 años de prisión. Méndez está en la judicatura desde el 2005, ini­ciando por el juzgado de paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, y ha te­nido la responsabilidad de co­nocer otros procesos judiciales que conmocionaron a los do­minicanos.


Asesinato abogado

Yuniol Ramírez.


La jueza Leonarda Quezada Belén, del Tribunal de Aten­ción Permanente de Santo Oeste, se ocupó de dictar pri­sión preventiva a los implica­dos en el horrendo asesinato del abogado Yuniol Ramírez, hecho ocurrido en octubre del 2017, atribuido a las denun­cias de corrupción que había presentado el jurista.


Al año siguiente de impo­ner la coerción a los implica­dos en ese caso, la magistrada fue ascendida a jueza del Sép­timo Juzgado de la Instruc­ción de Santo Domingo Oeste, según reseñó Listín Diario en esa ocasión.


Quezada Belén entró a la administración de justicia en el 2014, siendo designada co­mo jueza de paz especial de tránsito de Monseñor Nouel, según consta en una lista de egresados de la ENJ.


La fase preliminar del ca­so está en curso, a cargo de la jueza Solange Raquel Vás­quez Reynoso, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Vásquez Reynoso se formó como ma­gistrada en el año 2011, y fue enviada a desempeñar el car­go de jueza de paz de Castillo.


Asesinato de monaguillo


La noticia sobre el asesinato del monaguillo Fernelis Ca­rrión Savillón causó conmo­ción en agosto de 2017. El juez Julio Armando Aybar Or­tiz tuvo la responsabilidad de conocerle la medida de coer­ción al acusado del crimen, el sacerdote Elvin Taveras, im­poniéndole un año de prisión preventiva. Aybar Ortiz ingre­só a la judicatura en el 2010, comenzando su labor en el juzgado de paz de Las Char­cas, Azua.


El juicio preliminar lo co­noció el juez Máximo Rosa Saint Hilaire, quien emitió el auto de apertura a juicio de fondo. El magistrado lleva 12 años en el servicio judicial, in­gresó en el 2008 como juez de paz en San Cristóbal.


Luego, en febrero del 2019, el sacerdote fue con­denado a 30 años de prisión por el Segundo Tribunal Co­legiado de la provincia Santo Domingo, integrado por tres juezas: Josefina Ubiera, Flor Batista y Marleny Altagracia Santos.


Caso Chamán Chacra


En el 2018 también escanda­lizó el país el asesinato de la señora Reina Isabel Encarna­ción y sus tres hijos en el ba­rrio Enriquillo del Distrito Na­cional, por el cual fue enviado a prisión Víctor Alexander Portorreal Mendoza, conoci­do como Chamán Chacra, pa­reja de Encarnación.


La prisión preventiva co­rrespondió imponerla al juez José Alejandro Vargas, quien en los últimos años ha interve­nido en fase de instrucción en otros casos de crímenes ho­rrendos. Ingresó en el 2005 al poder judicial y se desempeña actualmente como coordina­dor de los juzgados de la ins­trucción del Distrito Nacional y juez de Tribunal de Atención Permanente.


La jueza Arisleyda Mén­dez Batista, del Quinto Juzga­do de la Instrucción del Distri­to Nacional, fue quien envió a juicio de fondo a este impu­tado en noviembre del 2018. Esta magistrada entró a la ju­dicatura en el 2009.


La condena de 30 años de prisión a Chamán Chacra le fue impuesta por el Primer Tribunal Colegiado del Distri­to Nacional.


Asesinato ex rector de la UASD


El 11 de marzo del 2006 el país fue estremecido por la noticia del asesinato del ex rector de la Universidad Au­tónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febri­llet, que tuvo como principal acusado al entonces presiden­te de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Blas Peralta.


El juez Rigoberto Sena Fe­rreras, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Na­cional, fue quien envió a juicio a Blas Peralta y a otros impli­cados en abril de 2017. Sena Ferreras ingresó al sistema en el 2010, como juez de paz de Villa Fundación.


La coerción en este caso fue impuesta por el magistrado Alejandro Vargas y la condena de 30 años a Peralta la dictó el Primer Tribunal Colegiado.


Los verdugos de la fosa


La aparición de cadáveres de choferes en varias fosas de San Pedro de Macorís en ma­yo del 2018 fue motivo de consternación.


La coerción de un año de prisión fue fijada por la jue­za Farida Abud Peña, quien ingresó al poder judicial en el 2011 como jueza de paz de Las Cuevas, de San Pedro de Macorís. Luego, el auto de apertura a juicio a varios im­plicados en esos asesinatos fue emitido por el juez de la ins­trucción Jossephang Bernhar­dt, quien ingresó a la judicatu­ra en el 2014 en el juzgado de paz de Quisqueya, de San Pe­dro de Macorís. Luego un tri­bunal colegiado impuso con­denada de 30 y 20 años a dos imputados.


Asesinato taxistas


A la jueza Karen Mejía, del Tercer Juzgado de la Instruc­ción de la provincia Santo Domingo, le fue asignada la medida de coerción a los acu­sados de integrar una banda que se dedicaba a asaltar y asesinar a taxistas, de la cual también formaban parte me­nores de edad que fueron juz­gados en la jurisdicción de ni­ños, niñas y adolescentes.


En la audiencia preliminar a los 5 menores intervino la jueza Leidy Isabel Alcántara Manzueta, del tribunal de ni­ños, niñas y adolescentes de la provincia Santo Domingo, quien ingresó al poder judicial en el 2005 como jueza de paz de Don Juan, de Monte Plata.


Luego, el juez Rafael Abreu condenó a los menores a pe­nas de 3 y 5 años de prisión, esta última era pena máxima que contemplaba el Código de niños, niños y adolescentes. Abreu ya salió de la judicatura pensionado.


Y el Primer Tribunal Co­legiado de la provincia San­to Domingo fue que conoció el juicio de fondo a los adul­tos sometidos por esos asesi­nados, condenando a uno a 30 años y descargando a otro. Ese tribunal estaba presidido por el magistrado Julio César Lara.


Narcotráfico


A la jueza Kenya Romero, del Séptimo Juzgado de la Ins­trucción del Distrito Nacional, le correspondió instruir varios casos sobre crímenes horren­dos y narcotráfico que impac­taron en la sociedad, envian­do a juicio de fondo a los acusados, entre ellos el proce­so seguido al acusado de nar­cotráfico Bienvenido Guevara Díaz (Maconi) y otras 16 per­sonas involucradas en el trá­fico de 1,570 kilos de cocaí­na. Además, a los acusados de asesinar al periodista Claudio Nasco, en diciembre del 2013, y de algunos expedientes de corrupción contra exfunciona­rios gubernamentales.


Romero se formó como jueza en el 2006, siendo nom­brada en el juzgado especial de tránsito de la Sexta Sala del Distrito Nacional.


Red César el abusador


El juez José Alejandro Vargas fue quien impuso coerción a varios implicados en la red de narcotráfico y lavado de acti­vos que dirigía César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, desmante­lada en agosto del 2019 du­rante operativos de la DNCD y el ministerio público. En ese operativo no fue atrapado Cé­sar el Abusador, debido a que se fugó del país, pero fue cap­turado en diciembre de ese año en Colombia y extradita­do a Estados Unidos, donde era requerido.


El proceso a varios impli­cados en esa red fue ventilado en la sala penal de la SCJ, de­bido a que fueron pedidos en extradición.


Asesinato niño José

Rafael Llenas Aybar


Al juez Julio César Canó Al­fau le tocó conocer el juicio de fondo a los acusados del asesinato del niño José Ra­fael Llenas Aybar, ocurrido en mayo del 1996 en el Dis­trito Nacional.


En ese entonces, el magis­trado presidía la Sexta Cá­mara Penal del Distrito Na­cional, y le impuso 30 años de prisión a Mario José Re­dondo Llenas y 20 años a Juan Manuel Moliné Rodrí­guez, quien ya salió por pena cumplida.


Canó Alfau es un juez de larga trayectoria en el Poder Judicial, adonde ingresó en el 1985. Actualmente preside la Cámara penal de la Corte de Apelación del Distrito Na­cional.


Inmobiliario.

Bahía de las águilas.


La jueza Alba Luisa Beard Mar­cos saltó a la palestra pública al ser asignada para conocer en el 2014 la demanda de nuli­dad de 1,200 certificados de tí­tulos de propiedad expedidos de manera irregular en Bahía las Aguilas, Pedernales, cuando presidía la Octava Sala Penal del Tribunal de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional. El 25 de agosto de 2014, la jue­za declaró nulas y sin ningún efecto jurídico las transferen­cias, operaciones inmobiliarias, refundiciones, subdivisiones, deslindes, transacciones y cual­quier operación realizada desde el 1990.


Beard Marcos se formó en la promoción de la ENJ del 2006, y fue asignada al juzga­do de paz de la Primera Cir­cunscripción de Santo Do­mingo Este. Actualmente se desempeña como jueza del Tribunal Constitucional.


En jurisdicción privilegiada


En la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Jus­ticia (SCJ), varios jueces han tenido un rol protagónico al decidir expedientes que invo­lucraban a funcionarios públi­cos y legisladores.


Lo más reciente fue la ins­trucción del caso de los sobor­nos que admitió pagar la em­presa Norberto Odebrecht, para cuya fase fue designado el juez Francisco Ortega Po­lanco, quien impuso las me­didas de coerción y dictó auto de apertura a juicio.


También le tocó un papel activo al ex juez Alejandro Moscoso Segarra, quien en el 2015 dictó auto de no ha lu­gar o descargo en favor del se­nador Félix Bautista.


En esa misma jurisdicción, el entonces juez Juan Hiroito Reyes rechazó reabrir la in­vestigación contra el senador Amable Aristy Castro y decla­ró extinta la ac

No hay comentarios:

Publicar un comentario