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miércoles, 29 de julio de 2020

La reforma de las pensiones: desafío del nuevo Gobierno

Hermano Pérez Montás
Especial para Listín Diario
Santo Domingo, RD
 Tanto mis colegas actuarios de la OIT en Ginebra como el suscrito coincidimos ín­tegramente en lo siguiente: según las propuestas de di­versos sectores y “expertos “locales, no se podrán con­ceder pensiones dignas en Dominicana ni en este si­glo ni en el próximo, lo que implica una violación del Convenio 102 ratificado por el Gobierno dominica­no con la OIT.

Mis análisis de como ac­cesar a pensiones dignas bajo el modelo actual, son los siguientes:

1. Agregar a los $600,000 millones acumulados en las cuentas individuales de las AFP otros $500,000 millones, por un total de $1,100,000 millones. No viable!

2. Aumentar las tasas de aportes en las cuentas in­dividuales del 8% al 14% de los salarios. No viable actualmente! A la luz de lo antes expuesto, resulta también absurdo el tiem­po perdido en discutir pro­puestas inapropiadas para devolver a los trabajado­res el 30% de los valores en las AFP, aparte de que sus aportes son solo una terce­ra parte del total acumula­do, lo que reduciría la de­volución a solo el 10% de los fondos en vez del 30%.

Otros países están ponde­rando devoluciones más modestas, pero la viabili­dad de devolver, por ejem­plo, un 10% en forma optati­va y sectorializada, depende de las acciones que lamenta­blemente no parecen ser via­bles el resto del año en el país, debido al entorno monetario y fiscal.

Reformas paramétricas marginales tales como au­mentar la edad de retiro no resolverán el problema ac­tuarial, y tendrían un impac­to pernicioso en la creación de empleos a favor de las nuevas generaciones de jóve­nes que aspiran a ingresar a la fuerza de trabajo, aparte de la imposibilidad de aumentar en forma general la edad de retiro de ciertas categorías de trabajadores expuestos a una notable reducción de la pro­ductividad laboral a partir de los 60 años de edad, como es el sector de la construcción y algunas Mipymes.

La inoperante Superin­tendencia de Pensiones y el obsoleto Consejo Nacio­nal de la Seguridad Social deberían ser reformulados. En cuanto al Conep, sería conveniente que tanto el sector financiero, sino tam­bién el sector de uso inten­sivo de mano de obra, se integren de lleno al proce­so de reforma, de las pen­siones nacionales. La refor­ma de las pensiones es un asunto de Estado, aspec­to que fue ignorado por el Gobierno saliente. El nue­vo gobierno podría desig­nar un Comité ad hoc de alto nivel y expertos en la materia para diseñar la se­cuencia de reformas, in­cluyendo lo concerniente a la Cesantía Laboral, con lineamientos que constan más adelante.

El sistema nacional de pensiones en Dominicana está totalmente fragmenta­do, con numerosas entidades operando regímenes de re­parto y con un perfil de bene­ficios diferente al establecido en la Ley 87/01.

El más notable es el Fon­do de Pensiones del Magiste­rio Público, que opera a tra­vés del INABIMA y aglutina a decenas de miles de asegu­rados, ofertando pensiones al retiro del 100% de los sa­larios, tres veces más que la pensión promedio de la ma­yoría de los afiliados a las AFP. A mediano plazo, a medida que aumente la proporción de pensionados, dicho Fon­do confrontará déficit actua­riales.

El segundo segmento de asegurados con un régimen especial “de facto” y proba­blemente “de jure” lo consti­tuyen los médicos (y proba­blemente las enfermeras) del sector público. La Policía Na­cional y las Fuerzas Armadas operan también regímenes especiales.

Las Cámaras Legislati­vas operan su propio Fon­do de Pensiones, al igual que la UASD, el Poder Judicial y la Junta Central Electoral. O sea, casi la mitad del sector público está excluido del mo­delo establecido en la Ley 87-01. Miles de pensionados de “ingreso tardío” percibieron sus aportes personales sin el suplemento del Bono de Re­conocimiento y quedarán en la indigencia a mediano pla­zo, por una penosa resolu­ción del Consejo Nacional de la Seguridad Social, violato­rio de la Ley 87-01.

En resumen, el modelo vi­gente de pensiones en Do­minicana se asemeja a una Torre de Babel, reflejo de un modelo mercantilista, en lu­gar de un sistema de Protec­ción Social a favor de la po­blación de trabajadores.

Hemos evaluado fórmu­las factibles aplicables al país, sin caer en la costumbre de estar copiando las reformas de otros países. En primer lu­gar, no es viable la actualiza­ción de las bases financieras del régimen pensional sin un mayor aporte de los asegu­rados, pues en ninguna par­te del mundo se podrán acu­mular pensiones dignas con aportes del 2.88% de los sala­rios por los asegurados.

En segundo lugar, se re­quiere establecer un Segun­do Pilar de Reparto (si, de re­parto, con gestión pública / privada y acorde con el Pi­so de Protección Social de la OIT), fondeado por cinco va­riables, a saber: aportes suple­mentarios de los asegurados; una cuota - parte de la Cesan­tía de trabajadores cesantes a partir de cierta edad; aportes del Fondo de Solidaridad So­cial; excedentes actuariales del régimen de Riesgos Labo­rales, y ajustes de las tarifas de los riesgos de Discapacidad y Muerte. Este mecanismo, de costo neutral para los emplea­dores, permitiría un ascenso gradual y progresivo de los ni­veles de pensión a mediano plazo. Ya habíamos adverti­do , en un artículo publicado en Ginebra por la Asociación Internacional de la Seguridad social (AISS) , las fallas estruc­turales del nuevo régimen de pensiones bajo la ley 87/01 y los potenciales errores de implementación, que se ma­terializaron al no emitir el Gobierno el Bono de Recono­cimiento por derechos adqui­ridos en el antiguo régimen de reparto de los trabajado­res del sector privado y pú­blico; la desprotección de los cónyuges supervivientes de los pensionados; amplios re­chazos de pensiones de disca­pacidad, entre otras fallas la­tentes. Se presenta ahora una nueva oportunidad de una re­forma seria y profunda del ré­gimen pensional, establecien­do un sistema de dos pilares, el actual modelo de cuentas individuales y un pilar suple­mentario con financiamiento mixto. Espero que este último esfuerzo del suscrito por lo­grar un sistema de pensiones más racional que el actual en Dominicana no caiga de nue­vo en el vacío.

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