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martes, 7 de julio de 2020

La ley de castigo ha marcado estrenos de gobiernos

Adriana Peguero
Santo Domingo, RD
Los escándalos de corrup­ción han perseguido a los políticos dominicanos en cada administración en las últimas cuatro décadas, al punto de que los gobernan­tes que han dirigido los des­tinos de la nación entre los años 1986 a la fecha, se han visto enlodados por los es­cándalos de actos dolosos que han cometido sus fun­cionarios.

Cada cambio de gobier­no es parecido a una serie de Netflix, de modo que la ciudadanía puede sentarse tranquilamente a esperar qué trae la próxima tem­porada. Llueven las acusa­ciones a cargo de las nue­vas autoridades, por lavado de activos, malversación de fondos, actos dolosos, asociación de malhecho­res, enriquecimiento ilícito, desfalco al Estado, sobre­valuación de obras y otros que salpican al mandatario saliente.

De hecho, la historia muestra que desde el go­bierno que encabezó Sal­vador Jorge Blanco por el Partido Revolucionario Do­minicano (PRD) en el pe­riodo 1982-1986, pasando por el de Joaquín Balaguer por el Partido Reformis­ta Social Cristiano (PRSC) 1986-1996, Leonel Fer­nández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 1996-2000 y 2004-2012, Hipólito Mejía por el PRD 2000-2004 y Dani­lo Medina del 2012 hasta a la fecha, el país quedó mar­cado por lo menos por siete importantes escándalos de corrupción.



El juicio del siglo
El fenecido presidente Jor­ge Blanco, de 62 años, fue condenado a veinte años de prisión acusado por des­falco contra el Estado do­minicano y otros actos de corrupción, además de que fue sentenciado al pago de multas e indemnizaciones por más de 172 millones de pesos en favor del Estado dominicano.

Este caso fue bautizado como “El juicio del Siglo”. Jorge Blanco fue arrestado y solo permaneció dos me­ses en la cárcel.

La acusación fue por su­puestamente haber patro­cinado compras irregula­res en las Fuerzas Armadas y por el mismo caso fueron condenados por desfalco y prevaricación el banque­ro Leonel Almonte, el se­cretario de las Fuerzas Ar­madas, Manuel Antonio Cuervo Gómez, y Juan To­más Peña Valentín, suplidor de las FFAA. Otros imputa­dos en ese gobierno fueron José Michelén, director de Inespre, y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Nacional. Estos dos últimos salieron del país huyéndole a los sometimientos por co­rrupción.

La Hidro-Quebec
Durante las últimas gestio­nes del fallecido presidente Joaquín Balaguer sonaron dos escándalos: el desfalco en Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hi­dro-Quebec.

En el año 1991 el gobier­no de Balaguer se vio obli­gado a rescindir el contrato para la concesión, rehabilita­ción y exploración de redes eléctricas con el consorcio canadiense Hidro-Quebec, luego de denuncias por so­brevaluación del proyecto, superior a los 25 millones de dólares.

La empresa retiró 20 mi­llones de dólares que el Go­bierno había depositado co­mo garantía en un Banco de Nueva York, sin embargo, por el caso no hubo acusa­dos ante la justicia.

Mientras en el año 1995, fue sometida a la justicia la directora de Aduanas, Ani­sia Rissi, y otras 21 personas acusadas por desfalco, por un monto de mil millones de pesos contra el Estado domi­nicano en el periodo 1990-1994, pero en el 2008 el gru­po fue descargado luego de que Aduanas retirara la acu­sación.

Caso PEME
El caso del Programa Even­tual Mínimo de Empleos (PEME) ha sido uno de los más sonados en República Dominicana, el cual involu­cró a cuatro dirigentes del PLD y funcionarios en el pri­mer gobierno de esa organi­zación encabezado por Leo­nel Fernández (1996-2000).

Fueron implicados Dian­dino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, Noé Cama­cho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, acu­sados de malversar más de RD$1,000 millones.

El caso, sometido a la jus­ticia durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), se extendió hasta que el PLD regresó al poder en 2004. El Gobierno se desinteresó del expediente, y los pocos con­denados fueron indultados.

Con el regreso del PLD al poder, en 2004, nacieron otros escándalos de corrup­ción y la lista la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, exdi­rector de INAPA y exministro de Obras Públicas, y en la ac­tualidad uno de los principa­les acusados del caso de co­rrupción Odebrecht.

Plan Renove
El Plan Renove fue otro de los grandes escándalos de corrupción, el cual involu­cró a un grupo de 14 políti­cos que fueron funcionarios del gobierno del expresiden­te Hipólito Mejía, los cuales fueron acusados por estafa contra el Estado.

Los involucrados fueron Antonio Marte, quien en las recientes elecciones resultó ganador de la senaduría de Santiago Rodríguez, así co­mo Pedro Franco Badía, Fa­bio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) y Gervasio de la Rosa.

También Blas Peralta, quien luego fue condenado a 30 años de prisión por el ase­sinato del exrector de la Uni­versidad Autónoma de San­to Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, así como Antonio Reynoso (Padre To­ño), Freddy William, Alfredo Pulinario y Ángel Rondón.

OISOE
En contra del senador de San Juan de la Maguana, Felix Bautista, se han incoa­do varias acusaciones y una de las más recordadas es la del año 2015 por enriqueci­miento ilícito durante su ges­tión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Es­tado (OISOE), pero el expe­diente no prosperó en la Su­prema Corte de Justicia.

El ahora senador por San Juan de la Maguana fue so­metido a la justicia por la su­puesta sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo, en esa provincia, pero fue des­cargado en los tribunales.

El senador Bautista, quien fue reelegido de nuevo, fue acusado también por “des­aparecer” 6,500 millones de pesos del caso Sund Land, 130 millones de dólares con­tratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la UASD. El caso que no tuvo consecuen­cias.

Sobornos por Tucanos
Por el caso de los Tuca­nos fueron sometidas cua­tro personas, entre ellos el coronel Carlos Piccini, lue­go de que el Ministerio Pú­blico de Brasil y el Departa­mento de Estado de Estados Unidos suministraron a la Procuraduría General de la República pruebas que reve­laron que altos directivos de la Empresa Brasileña de Ae­ronáutica S.A (Embraer) en­tregaron sumas de dinero a funcionarios de República Dominicana para agenciar­se el contrato de la venta de ocho aviones.

Caso Odebrecht
Ha tocado por lo menos 11 países de América Latina, pe­ro en la República Dominica­na involucró a 14 políticos, empresarios y legisladores que fueron acusados por la Procuraduría de distintos de­litos relacionados con el caso.

Se trata del caso Odebre­chet, por el cual en septiem­bre del año 2019, la Supre­ma Corte de Justicia inició el juicio en contra de los seis acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht en Re­pública Dominicana.

Por el caso, el juez Fran­cisco Ortega impuso prisión preventiva al ministro de In­dustria y Comercio, Temísto­cles Montás; Andrés Bautis­ta, expresidente del Senado y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); al exdiputado del Partido Revolucionario Do­minicano (PRD), Ruddy González; Víctor Díaz Rua, exministro de Obras Públi­cas; el abogado Conrado Pittaluga, y Ángel Rondón, acusado de pagar los sobor­nos.

A los acusados Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, exfuncionarios públicos, les fue impuesta prisión domici­liaria por nueve meses. Mien­tras a legisladores señalados Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, les fue impuesta una fian­za de 5 millones de pesos y una prohibición de salida del país. Todos esperan ahora el juicio en libertad.

En otra acusación en el año 2014, Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia acu­sado de actos de corrupción y lavado de activos durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Pú­blicas, sin embargo, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacio­nal ordenó el archivo defini­tivo de las querellas penales en su contra.

Otros escándalos
Otros escándalos de corrup­ción fueron en el Seguro Mé­dico para Maestros (SEMMA) y en la Oficina Metropolita­na de Servicios de Autobuses (OMSA), este último destapa­do a raíz del asesinato del abo­gado y profesor universitario, Yuniol Ramírez.




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