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jueves, 2 de julio de 2020

Casos sobre corrupción están “estancados” en el PEPCA

Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
Las investigaciones y los procesos judiciales sobre casos de corrupción, a me­nos de dos meses para que se produzca un cambio de gobierno en el país, siguen siendo tareas difíciles pa­ra las autoridades domini­canas.

Los casos de presuntas irregularidades cometidas en instituciones públicas y que no lograron resolverse en los últimos cuatro años, siguen sin ventilarse debi­do al cierre de los tribuna­les a principio de marzo pasado por la pandemia del nuevo coronavirus CO­VID-19. Actualmente, solo se conocen audiencias de manera virtual de solicitu­des de medida de coerción y revisiones.

La mayoría de estos ca­sos tienen en común la su­puesta malversación millo­naria de fondos públicos, la asociación de malhechores para cometer actos de co­rrupción, además de im­putados que al principio de la investigación fueron so­metidos a prisión preventi­va y que, con el tiempo, la mayoría recobró la libertad bajo ciertas restricciones.

Igualmente, otros casos de denuncias de presuntos actos de corrupción admi­nistrativas, “al parecer se encuentran estancados” en la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (Pepca) y la Fiscalía del Distrito Nacional.


El caso más reciente de presunta irregularidad por el cual todavía no hay na­die sometido, ocurrió en marzo de este año en el Instituto Nacional de Aten­ción Integral a la Primera Infancia (Inaipi), luego de una denuncia del empre­sario Pablo Cabrera, presi­dente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado.


La institución realizó una licitación “fraudulen­ta” para la adquisición de kits alimenticios durante el estado de emergencia, la cual dio como resultado siete funcionarios destitui­dos y la renuncia de direc­tora de la institución, Berli­nesa Franco.

En torno al caso, la Fis­calía interrogó a Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ra­mona Beatriz Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Pa­txot Duarte, director de Pla­nificación y Desarrollo, y Ricardo José Guzmán Do­mínguez, director de Ope­raciones.

Igualmente, el Ministerio Público sometió a interro­gatorio a Maira Martínez de la Rosa, encargada de com­pras y contrataciones; Ste­fany Severino Cuello, en­cargada del Departamento Jurídico, y Clementina de Jesús Pieter Santana, res­ponsable de acceso a la In­formación Pública.

Irregularidades

La investigación se produ­ce luego de una pesquisa dirigida por una comisión de alto nivel, que determi­nó que un proceso de lici­tación para la compra de 40,000 kits de alimentos es­tuvo plagado de irregulari­dades, apoderando del caso a la Procuraduría General de la República, que ordenó a la fiscal titular Rosalba Ra­mos, determinar la existen­cia o no de hechos reñidos con la ley penal.

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