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domingo, 27 de enero de 2019

Las aberraciones del voto preferencial dominicano

Manuel Figueroa
manuel.figueroa@listindiario.com
Existe un principio universal, integrado a la deontología jurídica, que prohíbe legislar para provecho propio. Al Congreso de República Dominicana se le culpa con frecuencia de violentar esta normativa.  Por ejemplo, en el ámbito electoral ocurrió una de las aberraciones más sintomáticas cuando se aprobó el voto preferencial para beneficiar a los senadores en 2013.

La jugada se ha puesto de relieve en este año preelectoral, debido a que ahora el Congreso debate entre bambalinas la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que modernizaría el obsoleto entramado en que se encuentra postrada una legislación que data desde el 21 de diciembre de 1997, mientras se acerca la prueba de fuego que significarán los comicios municipales, congresionales y presidenciales.

Sectores de la sociedad civil han alertado de que es necesario eliminar el arrastre de diputados a senadores, un sistema de elección que no se adecúa a los principios constitucionales, y que a todas luces impide al elector escoger al candidato a senador de su preferencia dentro de listas de votaciones cerradas y desbloqueadas.

¿Dónde es que está el meollo del asunto?

Veamos, el artículo 79 de la vigente Ley Electoral número  275-97, aprobada el 21 de diciembre de 1997 establece que las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán por circunscripciones electorales, para garantizar que los ciudadanos que resulten electos sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los elijan.

Como se advierte, en este proceso de elección que se aplicó en las elecciones congresionales y municipales de 2002, 2006 y 2010 no estaban incluidos los senadores. La Junta Central Electoral reglamentó la elección a través de las circunscripciones electorales mediante la resolución número 05-2001, del 2 de julio de ese año y sobre el voto preferencial con la resolución 06-2005, del 29 de agosto de 2005.


Tras celebrarse las elecciones de 2010 ocurrió una situación que repercute todavía hoy.  La nueva Constitución proclamada el 26 de enero de ese  2010 consagró que los senadores, diputados, síndicos y regidores permanecerían en sus funciones hasta el 16 de agosto de 2016. Esa determinación implicó que se volverían a unificar las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales.

Entonces la Junta Central Electoral se pasó de lista y eliminó el voto preferencial mediante la resolución número 74-2010, del 29 de octubre de 2010. Sin embargo, el Congreso Nacional volvió a acomodar la situación. Aprobó la Ley 157-13 sobre el voto preferencial, el 6 de diciembre de 2013.

Qué decidió el Congreso Nacional entre otras linduras. Partió primero de que las experiencias de las elecciones de 2002, 2006 y 2010 con las circunscripciones plurinominales y el voto preferencial demostraron ser viables para la elección de los diputados, y que garantizaba que los partidos sometieran a la consideración de los electores a los candidatos que pudieran garantizar la verdadera representación de las comunidades, y por ende ante el hemiciclo.

No obstante, debido a que los dominicanos ya eran abatídos por la brisita navideña, los congresistas decidieron incluir en el artículo 2 de la ley de marras, el siguiente párrafo: Cuando el elector decida marcar la fotografía del candidato a diputado de su preferencia está favoreciendo con su voto al partido de éste, y por ende al candidato a senador de dicho partido.

Y para que no hubiera dudas, el Congreso incluyó un párrafo transitorio, que establece que el voto preferencial para los regidores de los municipios y vocales de distritos municipales, se aplicará en las elecciones de 2020. Que según la Junta Central Electoral agregaría un nuevo ingrediente al pandemónium que se avizora en este proceso.

Mientras el hacha va y viene, el Congreso tiene en sus manos la importante Ley del Régimen Electoral, que está llamada a regularizar muchos de los entuertos que han convertido en partos dolorosos cada boletín del tribunal de elecciones desde 1966. Y si el voto preferencial queda tal como está, los candidatos a senadores puede seguir su agitado curso. No importa que los candidatos a diputados los lleven a caballito en las espaldas ni que sus acciones riñan con la verdadera representación de sus comunidades.

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