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domingo, 18 de febrero de 2018

Sectores de la frontera reclaman se extiendan beneficios ley 28-01

Ramón Pérez Reyes
Dajabón
La ley 28-01, que creó una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, constituye el principal y único mecanismo de incentivos para empresas y proyectos puedan establecerse y generar riquezas en esa empobrecida región del país.

Así se hace constar en un documento entregado por distintas organizaciones, económicas y sociales de Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón, durante su participación en los Foros Legislativos para el Desarrollo que realizó en estas provincias la Cámara de Diputados.

Para apoyar su pedido de que los beneficios de esta ley se extiendan por otros 20 años, las organizaciones explican que a través de esta ley, en 16 años de aplicación, la inversión privada ha sido en más de 20 mil millones de pesos, creando más de 10 mil empleos.



También 200 millones de dólares en exportación de bananos, que aportan más de 700 millones en pagos de nómina anuales y siete mil millones en compras locales y 23 millones en ventas.

Dicen que estos indicadores poco a poco han cambiado la economía de miles de familias de la frontera, tal como lo demuestra el último informe de Desarrollo Humano presentad por el Programa de Desarrollo de Nacional Unidas (PNUD).


Se quejaron, sin embargo, de que en la actualidad más de 30 empresas tienen casi tres años esperando licencias para instalarse en la región, con las cuales la frontera recibiría miles de nuevos empleos y miles de millones de pesos en nuevas inversiones.

Refieren que en el Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), están registradas 81 empresas activas, amparadas en la ley 28-01.

La referida legislación otorga exenciones del 100% del pago de impuestos, aranceles aduanales sobre materias primas a las empresas instaladas en las provincias de la zona fronteriza, y un 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos.

Las provincias beneficiadas son Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez.

Esta ley fue creada como política de desarrollo gubernamental para incentivar la inversión y la generación de empleos en esas localidades fronterizas, cumpliendo al mismo tiempo con un mandato constitucional, que en su artículo 10, del régimen fronterizo, sección 11, establece: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicación y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.

 El artículo 221 de la ley manda a conceder tratamientos especiales a las inversiones en las zonas de menor grado de desarrollo, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas.

Esta ley fue creada para una aplicación de 20 años, los cuales vencen el 1 de febrero del 2021 (en tres años).

El proyecto
El diputado de Dajabón, Darío Zapata, impulsa la reforma de  esta normativa para prolongar la vigencia por 20 años las exenciones fiscales a favor de las empresas que se instalen en la frontera.

El legislador explica que los incentivos fiscales vencen en el 2021, por lo que desde ya, es necesario reformar la ley para ampliar el estatus quo por 20 años más. A propósito, asegura que muchas empresas quieren establecerse en la frontera, pero solo esperan que se modifique la legislación para disfrutar de las exenciones fiscales.  

Asimismo, resalta que esas empresas generarían riqueza y empleos en la frontera, por lo que se hace necesario modificar la ley vigente. Esta modificación  fue estudiada por la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, que elaboró  un  informe positivo que sería presentado al cuerpo legislativo, en la próxima legislatura.

La frontera 
La modificación de la ley se basará en cuatro pilares fundamentales:

1. Adecuar los artículos modificados a la nueva Constitución de 2010, para que se identifiquen con el artículo 10.

2. Ampliar el plazo de la ley 28-01, ya que sólo le quedan tres años de vigencia, por lo que de no extenderse, las provincias fronterizas perderían uno de los más importantes instrumentos de la política gubernamental disponible, que garantiza el apoyo al desarrollo regional.

3. Ampliar el contenido de la ley con nuevos artículos, ya que con un período de vigencia de 18 años han surgido nuevas circunstancias como la puesta en vigor de la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), así como la persistencia del flujo migratorio.

4. Modificar el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo, que cuenta con 34 miembros, creando una estructura administrativa más ágil, práctica y funcional.

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