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domingo, 5 de noviembre de 2017

TC no ha fallado acciones de inconstitucionalidad dejadas en estado de fallo en febrero y marzo del 2016

Wanda Méndez
Santo Domingo
Con apenas dos años de promulgada, la ley 140-15 sobre el notariado ha sido objeto de conflictos entre el Colegio de Notarios, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y varias entidades financieras, siendo los puntos más controversiales la facultad que otorga a los notarios para levantar actas de embargos y de desalojos y las tarifas por los servicios prestados, que fueron incrementados.

En febrero y marzo del 2016, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo tres acciones directas de inconstitucionalidad sometidas de manera separada por varias entidades y abogados notarios en contra de varias disposiciones de esa ley, pero transcurrido más de un año, aún no ha emitido las sentencias, pese que la ley le otorga un plazo de cuatro meses para hacerlo.

El 8 de febrero del 2016, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo la acción directa de inconstitucionalidad sometida por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la  Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI).



Mientras, el  13 de marzo de 2016 dejó en estado de fallo sendas  instancias de inconstitucionalidad presentadas por el Movimiento por la Dignidad y la Transparencia del Ejercicio de la Abogacía (MODTEA),  y por un grupo  de abogados notarios, entre los que figuran  Cecilio Gómez Pérez, Ramón Pina Acevedo, Francisco Benzán, Juan Molina Pichardo y otros.

Mientras, el 13 de marzo del 2016,  la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró la nulidad del artículo 51, numerales 2 y 3 de la Ley, que otorgan potestad al notario para instrumentar embargos, desalojos y puesta en posesión de administrador judicial provisional en un inmueble. 

Ese fallo solo es vinculante a las partes envueltas en el conflicto que conoció ese tribunal, contrario a las decisiones del Tribunal Constitucional, que son de carácter general y obligan a todos los poderes públicos. 

Oposición y defensa

El presidente de la SCJ, Mariano Germán, no solo ha divulgado públicamente su oposición con  algunas disposiciones de la ley sobre el  notariado, sino que en julio del 2016 depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de modificación a esa norma legal, la cual fue promulgada el 7 de agosto del 2015 por el presidente Danilo Medina.  

El pasado jueves, 2 de noviembre, Germán, volvió a expresar su preocupación por “los graves inconvenientes” que ha tenido la aplicación de la Ley 140 -15 del Notariado, durante una reunión que sostuvo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Entiende que los abogados notarios no deben hacer embargos y desalojos. 

El proyecto de ley sometido por la SCJ le quita al notario las facultades exclusivas que le otorga la Ley 140-15, en el artículo 51, para la instrumentación o levantamiento del acta de embargo de cualquier naturaleza, y para los desalojos, protestos de cheques, fijación de sellos, entre otros, además de que reforma la tarifa por los servicios prestados.

El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez, ha defendido la ley 140-15 y ha rechazado  el proyecto de ley de la SCJ.

Entiende que el presidente de la SCJ  debió esperar el fallo del Tribunal Constitucional sobre las acciones directas de inconstitucionalidad en contra de esa ley.  Rodríguez afirma que la Ley 140-15 ha venido a reforzar la seguridad jurídica del país.

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Tribunal Constitucional Colegio Notarios Acciones de Inconstitucionalidad

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