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lunes, 11 de septiembre de 2017

¿Apelará el MP libertad a imputados de Odebrecht?

Wanda Méndez
Santo Domingo
Luego de la variación de la prisión preventiva a dos acusados de los sobornos  por 92 millones de dólares que admitió haber pagado Odebrecht, queda la interrogante de si el procurador Jean Alain Rodríguez dispondrá apelar la resolución del juez Francisco Ortega Polanco,  que calificó de “funesta”.  

El sábado 8 de julio, la Cámara Penal de la SCJ, en atribuciones de corte de apelación, le varió la medida de coerción a siete de diez imputados que presentaron recursos, pero el ministerio público no recurrió ese fallo, a lo cual tenía derecho.   

En esa oportunidad, la titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier,  calificó “como  un gran logro ciudadano”, que  la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ),  mantuviera algún tipo de medida de coerción a todos los implicados que presentaron recursos de apelación, incluyendo la ratificación de la prisión preventiva a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa. 

Los recursos son las vías para atacar las decisiones judiciales, cuando una de las partes está inconforme. 

Una vez agotada la fase de medida de coerción, las expectativas estarán centradas en la acusación que deberá presentar el ministerio público para sustentar  la solicitud de apertura a juicio, y de una posible condena, en una próxima etapa.  

El 7 de junio pasado, el juez Ortega Polanco declaró complejo el caso Odebrecht y otorgó al ministerio público un plazo de ocho meses para concluir el procedimiento preparatorio. Ese plazo vence el 7 de febrero del 2018. El procurador Jean Alain Rodríguez, dijo, el jueves 31 de agosto, que ese caso está en proceso de investigación aún y que durante el tiempo que le concedió el juez continuarán ampliando y profundizando.


Después de más de tres meses de los sometimientos, nadie ha sido incluido en el expediente, que al parecer, en vez de fortalecerse, se va diluyendo en el tiempo, pese a que el Procurador ha dicho que las investigaciones en Brasil pudieran dar con más personas involucradas y que además están haciendo un trabajo local. 

La tarde del viernes 8 de septiembre, el juez Ortega Polanco modificó su propia resolución, emitida hace tres meses, cambiándoles la prisión preventiva: de nueve meses, que impuso al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; y de un año, al empresario Ángel Rondón. 

Colocó a Rondón una fianza de RD$70 millones y a Díaz Rúa de RD$50 millones. A los dos involucrados también les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica.  

Estos imputados abandonarían la cárcel este lunes, pues por trámites administrativos no pudieron hacerlo este fin de semana.  

Ahora, trece de los imputados esperarán el inicio de la fase preliminar en libertad bajo fianza y uno en prisión domiciliaria. En esta última condición está el abogado notario Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.    

Además de Rondón y Díaz Rúa, permanecerán en libertad bajo fianza, el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el exdiputado, Ruddy González; el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista;  los ex directores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez y Radhamés Segura; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), Roberto Rodríguez; el ex director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo Leonidas D’Oleo Ramírez; el ingeniero Bernardo Castellanos; el diputado Alfredo Pacheco, y los senadores Julio César Valentín Jiminián y Tommy Alberto Galán Grullón. 

Ortega Polanco les había impuesto prisión preventiva, desde tres meses hasta un año, a Rondón, Díaz Rúa, Pittaluga Arzeno, Temístocles Montás, Bautista García, González, Sánchez y D’Oleo Ramírez. Mientras, a Segura y a Rodríguez les impuso arresto domiciliario por nueve meses.

VARIACIÓN DE MEDIDA: 
Lo único que varía en el caso de los 13 que se mantendrán en libertad bajo fianza es el monto de la garantía economía, que va de cinco hasta 70 millones de pesos.

Los tres legisladores involucrados en los sobornos de Odebrecht son los únicos que se han mantenido con la misma situación jurídica desde que se le conoció la medida de coerción, el 7 de junio pasado, debido a que solo Pacheco apeló la resolución de Ortega Polanco, pero la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia le rechazó el recurso.

Los otros dos, Valentín Jiminián y Galán Grullón, no apelaron ni solicitaron revisión.

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