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viernes, 25 de agosto de 2017

Justicia acepta la denuncia por corrupción contra expresidente de Petrobras

EFE
Sao Paulo
La Justicia brasileña aceptó ayer la denuncia por supuesta corrupción contra el expresidente de las estatales Petrobras y Banco do Brasil Aldemir Bendine, quien tomó las riendas de la petrolera estatal en 2015 para recuperar la empresa ante el enorme escándalo de corrupción destapado en su seno.

El juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras en primera instancia, argumentó en su auto que hay "presentes indicios suficientes de autoría y materialidad" contra Bendine y los otros cinco sospechosos en la causa.

Bendine, preso desde julio pasado, está acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht, una de las empresas implicadas en la trama corrupta, para actuar en su favor en los negocios de la petrolera.

De acuerdo con la denuncia, presentada por la Fiscalía este martes, el expresidente de Petrobras solicitó tres millones de reales (cerca un millón de dólares) a Odebrecht a comienzos de 2015, cuando ya estaban en marcha las investigaciones en la petrolera.

Bendine presidió las dos mayores compañías estatales de Brasil durante el Gobierno de la destituida Dilma Rousseff (2011-2016) y tuvo la misión de recuperar la credibilidad de Petrobras, que, tras el escándalo, se sumió en una profunda crisis económica.



La detención de Bendine fue posible gracias a la confesión de otro de los imputados en este proceso, el expresidente de Odebrecht Marcelo Odebrecht, condenado por corrupción y que coopera con la Justicia por su implicación en la gigantesca trama que desvió millonarios fondos de la petrolera estatal.

Los imputados responderán por los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero, asociación ilícita y obstaculizar la investigación.

El escándalo en Petrobras ha llevado a prisión a políticos y empresarios, además de salpicar al presidente Michel Temer y algunos de sus ministros, así como a los exmandatarios Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por haberse beneficiado supuestamente de la red corrupta.

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